Acuerdo entre La Carrasca y el Gobierno para legalizar La Rosaleda

El Gobierno de Alcoy, del PSOE, y la Colla Ecologista La Carrasca han alcanzado un histórico acuerdo en torno a la solución para legalizar la plaza de La Rosaleda. Los ecologistas han aceptado el anteproyecto planteado por el Ayuntamiento, diseñado por el arquitecto Ciro Vidal, y se han comprometido por escrito a dar su visto bueno ante el Tribunal Superior de Justicia, que en 2005 declaró ilegal la plaza.

La portavoz de La Carrasca, Júlia Moltó, ha manifestado la “plena conformidad” del colectivo con el nuevo proyecto, que ha calificado como “muy positivo”. La propuesta cumple con los mínimos exigidos por el TSJ sin necesidad de derribar la primera planta del aparcamiento, que no perderá plazas. Sí desaparecerán los elementos que actualmente quedan por encima de la calle. “Es una solución que cumple la sentencia: recupera la zona verde, incorpora una capa de tierra para la vegetación y se ajusta a la rasante de la calle”, ha resumido.

El diseño redistribuye el espacio del aparcamiento y elimina los actuales problemas de goteras. “Aparte de cumplir la sentencia, mejora el aparcamiento. Eso era lo que queríamos”, ha señalado Moltó.

El coste estimado de la ejecución de este proyecto es de 1,5 millones de euros, según han confirmado fuentes municipales. El precio será definitivo en cuanto esta idea inicial cobre forma de proyecto para cerrar un conflicto iniciado a principios de siglo, cuando el colectivo Salvem La Rosaleda recurrió a los tribunales la construcción del aparcamiento, impulsado por el Gobierno del Partido Popular.

Después de que el TSJ declarase ilegal el aparcamiento, una decisión ratificada por el Tribunal Supremo y por el Constitucional, el Ayuntamiento presentó diferentes proyectos para tratar de ajustarse a la sentencia. Ninguno de ellos convenció a los ecologistas, bien porque disminuía la superficie de zona verde, la mitad de la cual debía presentar una capa de tierra de 80 centímetros o porque seguía quedando por encima de la calle. Por esos motivos siempre se opusieron ante el TSJ a las soluciones planteadas. Ahora los ecologistas se han comprometido por escrito a avalar el proyecto ante el tribunal.