Alcoy apura sus opciones para eludir el pago de 1,2 millones por daños en Serelles

El Ayuntamiento de Alcoy apura la última opción para eludir el pago de 1,2 millones de euros por daños ambientales en la urbanización de Serelles. El Tribunal Supremo se reunió el pasado 15 de diciembre para estudiar el recurso presentado por el Ayuntamiento, a través del cual pretende anular la sanción impuesta por el Consejo de Ministros.

El Consistorio se enfrenta a una multa de 601.000 euros y a la obligación de corregir los daños, un proyecto que en principio fue valorado en 853.246 euros pero que posteriormente quedó en 674.183 euros. En total, un pago de 1,2 millones que volvería a complicar la situación económica del Ayuntamiento. El Consejo de Ministros aprobó esta sanción por una “infracción muy grave”, en la reunión celebrada el 15 de junio de 2012, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento recurrió ante el Supremo. En el recurso, el Consistorio derivó la responsabilidad en Luxender, la empresa que ejecutó las obras, y en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no advirtió de los posibles daños cuando se estaba desarrollando la construcción de la urbanización. La sanción es compartida entre el Ayuntamiento y Luxender. Según fuentes municipales, Medio Ambiente incluyó al Ayuntamiento para asegurarse el cobro de la posible sanción, puesto que la empresa está en concurso de acreedores.

La Confederación Hidrográfica denunció que la urbanización había ocupado sin autorización un tramo del barranc del Sinc y diversos barrancos afluentes. El Ayuntamiento ha alegado que lo que la administración central considera como barrancos no lo son en realidad. La defensa del Consistorio ha alegado, además, que la sanción propuesta no se ajusta al principio de proporcionalidad. E insiste en que la responsabilidad de los posibles daños es de la empresa Luxender, agente urbanizador de Serelles.

La sección cuarta de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se reunió el pasado 15 de diciembre para analizar el recurso del Ayuntamiento contra el acuerdo del Consejo de Ministros.