BALANCE

Alcoy reduce su deuda en 17,5 millones en cinco años

Hacienda destaca al municipio entre los diez de España que más han disminuido los pagos pendientes

jueves, 05 de junio de 2014
Antonio Francés, alcalde y concejal de Hacienda.
Antonio Francés, alcalde y concejal de Hacienda.

Alcoy se sitúa en el ranking de los diez municipios españoles que más han reducido la deuda pública durante el periodo entre 2008 y 2013. Así lo ha destacado este jueves el Gobierno local, que saca pecho por la disminución del endeudamiento en 17,45 millones de euros.

El alcalde y concejal de Hacienda, Antonio Francés, señala que “hemos conseguido canalizar una tendencia económica generada en las anteriores legislaturas que nos llevaba a una situación muy difícil, casi quiebra técnica”. El regidor destaca que en tres años, el Gobierno ha conseguido recuperar la senda de la estabilidad presupuestaria y contar con liquidez relativa para poder hacer frente a las necesidades de los ciudadanos.

El nivel de endeudamiento es del 70,8% del presupuesto, frente al 109% de 2008. El Gobierno atribuye este descenso a la política de reducción de gastos, de priorización de inversiones productivas y de un plan económico basado sustentar la capacidad financiera de las arcas municipales

"Por esta cuestión y sabiendo que en dos ocasiones fue necesario endeudarse para poder pagar a los proveedores de la anterior legislatura con los Planes de Pago del Ministerio de Hacienda de 2012 y 2013, por valor de 6 y 1,5 millones respectivamente, este resultado nos permite estar orgullosos de todo el equipo político y los funcionarios que han hecho un excelente trabajo de gestión, control y medida del dinero de todos", asegura el alcalde.

Alcoy figura en la clasificación de las principales reducciones de la deuda en España junto a Lugo, Avilés, Oviedo, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Fuenlabrada, Badajoz, Calvià, y Almensilla. A pesar de la mejora, el Ayuntamiento sigue sin tener autonomía financiera. El pago de fuertes indemnizaciones por expropiaciones, fijadas por sentencias judiciales, obliga a realizar un plan de ajuste, lo que deja en manos del Ministerio de Hacienda la posibilidad de contratar préstamos para inversiones.

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