Alcoy
Alcoy refuerza el control del nuevo contrato de residuos y limpieza viaria
Una empresa externa controlará el cumplimiento de la empresa, que se someterá a auditorías para determinar los cobros del servicio
El Ayuntamiento de Alcoy prepara un exhaustivo sistema de control sobre el nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza de calles. El nuevo pliego de condiciones que están pactando los grupos municipales y que han avanzado en La Tertulia de RADIO ALCOY, fija que una empresa externa se encargue de vigilar a la nueva adjudicataria, que se someterá, además, a auditorías trimestrales de las que dependerá parte de la cantidad a cobrar.
El sistema de control sobre sobre el servicio que establece el pliego de condiciones es doble. A propuesta del Partido Popular, incorpora la figura de la dirección del servicio, un equipo que certificará que la empresa que asuma la contrata cumple las condiciones. Eduardo Tormo, concejal del PP, agradece que el PSOE haya aceptado esta propuesta “que busca tener un servicio de calidad”.
El segundo medio de control será un sistema de auditorías para evaluar hasta diez veces al trimestre la situación del servicio. De esas auditorías dependerá el pago o no del 5% del contrato. El concejal de Obras y Medio Ambiente, Jordi Martínez, ha atendido la mayor parte de peticiones de la oposición. Ha rechazado, sin embargo, partir el contrato de basura y limpieza de calles porque el comité de empresa es contrario a la medida. Compromís, a través de Anna Climent, lamenta la decisión del Gobierno, aunque confía en que, además de la recogida de residuos y la limpieza de calles, el Ayuntamiento desvincule del gran contrato servicios menores para que puedan prestarlos empresas de Alcoy.
Todos los grupos coinciden en que la duración del contrato que señala el pliego, de cuatro años, es óptima. Guanyar Alcoi y Ciudadanos coinciden en que durante ese periodo el Ayuntamiento debe estudiar la posible municipalización del servicio. El Gobierno local está acabando de incorporar las propuestas de la oposición al documento definitivo, cuyos contenidos deben valorar económicamente los técnicos, que a su vez deben establecer los criterios para la adjudicación.
