Alcoy solicita a la Generalitat seis solares para cambiarlos por los nuevos juzgados

El Ayuntamiento de Alcoy ha solicita a la Generalitat Valenciana seis solares para permutarlos por el nuevo Palacio de Justicia, ubicado en el centro de la ciudad. Es la opción más viable, según fuentes municipales, en la negociación que han iniciado ambas administraciones. En caso de no alcanzar acuerdo alguno, la Generalitat deberá abandonar el edificio en cuatro años.

En el año de negociación que las dos administraciones se han dado para resolver el futuro de la Justicia, dos son las opciones sobre la mesa: la compra del edificio por parte de la Conselleria o la permuta. La segunda opción es más viable, explican fuentes municipales, por la delicada situación económica de la Generalitat.

El Ayuntamiento ya ha entregado a la Conselleria de Justicia un listado con seis solares, propiedad de la Generalitat, para poder cambiarlos por el nuevo Palacio de Justicia. Los técnicos van a valorar esos terrenos, distribuidos a lo largo de la ciudad, para poder igualar el precio del nuevo edificio, que será nueva sede de los juzgados antes del verano.

Las dos administraciones no descartan que la Generalitat pueda pagar una parte y compensar el resto con terrenos. Fuentes municipales señalan que la permuta de edificios (el viejo juzgado por el nuevo), una de las opciones ya estudiadas con anterioridad, puede acarrear problemas legales, puesto que el viejo juzgado fue construido por el Ministerio de Justicia. En principio, los inmuebles edificados por el ministerio revertían al municipio después de 30 años. "Pero esa cláusula no está clara y hay sentencias contrarias", afirman las fuentes consultadas.

El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Conselleria contempla que el primer año de ocupación del edificio de la plaza de la Mare de Déu será gratuito. La intención es que haya acuerdo definitivo en ese periodo. En caso contrario, la Generalitat pagará en concepto de alquiler 32.000 euros anuales durante los tres años siguientes. Si al cuarto año no hubiera acuerdo entre las partes, la Generalitat debería abandonar el edificio, que dejaría de ser, por tanto, Palacio de Justicia.