Denuncian la total falta de control sobre la gestión del agua

La Iniciativa Ciutadana per la gestió pública de l’aigua ha denunciado la absoluta falta de control del Ayuntamiento de Alcoy sobre el servicio, así como los incumplimientos de la concesionaria Aqualia. La plataforma ha constatado que la empresa no ha presentado ni balances ni cuentas de explotación auditados durante los 17 años que viene operando en la ciudad.

El colectivo alerta de que la presentación de estos documentos es obligatoria de acuerdo al pliego de condiciones por el que Aqualia se adjudicó el servicio en el año 2000. “No lo ha presentado nunca, ni tampoco se lo han pedido los diferentes gobiernos, del PP y del PSOE”, asegura Miguel Ripoll, uno de los componentes de la plataforma ciudadana que trabaja para que el servicio vuelva a ser gestionado directamente por el Ayuntamiento.

Pep Fuster, otro de los portavoces del colectivo, recalca que la presentación de estos datos es “obligatoria”. La plataforma ha constatado este incumplimiento tras reunirse, el pasado junio, con representantes municipales. “Lo más preocupante es que en el Ayuntamiento se ha instalado la creencia de que un servicio en manos de una empresa privada está bien gestionado y que no hay que preocuparse”, defiende Fuster.

Ripoll añade que las liquidaciones trimestrales que la compañía presenta al Ayuntamiento son muy básicas, apenas un par de páginas. El colectivo solicitó datos para completar la información con la que trabaja para concienciar a la población sobre la necesidad de que el Ayuntamiento abandone la privatización y gestione el servicio de forma directa. Este movimiento está en marcha desde 2017 con la intención de abrir un debate social ante la próxima expiración del actual contrato, en 2020.

Dentro de esta campaña, la Iniciativa Ciutadana per la gestió pública ofrece una charla este lunes en la asociación de vecinos de Batoy (19.00 horas). La plataforma cuenta con estudios que acreditan que la gestión directa es más “rentable” en términos económicos y de eficiencia. A juicio de Pep Fuster, el Ayuntamiento debe reforzar el control sobre un “bien esencial” y no considerarlo como “una mercancía o un bien especulativo”.