El Ayuntamiento constata 5 denuncias por ocupación ilegal

El caso de los okupas que ha provocado el abandono de sus casas por parte del resto de la comunidad de vecinos en el centro ha sacado a la luz otras denuncias. Las ocupaciones ilegales que han generado denuncia ante la Policía Nacional ascienden a cinco. Cuatro de los casos  corresponden a fincas en la zona centro y la quinta es de una urbanización en el extrarradio, según la información recabada por la concejalía de Vivienda.

El alcalde, Antoni Francés, ha incidido en que la única vía para desalojar a los okupas es la denuncia ante la policía. "El ayuntamiento no puede actuar. Son los propietarios de las viviendas ocupadas los que tienen que realizar este trámite". Añade que ante los casos denunciados el ayuntamiento actúa "apartandoles de cualquier tipo de ayuda municipal".

Una de las ayudas sociales que excluye a los okupas es la concesión de una vivienda social. El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente a cuatro a personas que no pueden hacer frente a un alquiler de libre mercado. Las familias beneficiarias de los inmuebles cumplen una serie de requisitos, de tipo familiar y económico, como no haber recibido en los últimos cinco años de una vivienda pública en Alcoy o provincia, estar al corriente de las obligaciones fiscales, no haber ocupado una vivienda ilegal o no haber sido desahuciado por impago dos o más veces.

La duración de los contratos de arrendamiento será de tres años. El Ayuntamiento hará un seguimiento de las familias beneficiarias y visitas si lo considera oportuno. Las personas adjudicadas con una vivienda social deben asumir la limpieza de la vivienda y mobiliario y no podrán tener animales, excepto el caso de las personas invidentes de perros guía, y la participación en programas de búsqueda de empleo para que puedan salir de esta situación lo antes posible.