DENUNCIA

El PP critica al PSOE por centrar en una empresa la gestión del ADN canino

Calcula que las pruebas de perfil genético de los perros generarán un negocio de 300.000 euros

jueves, 15 de febrero de 2018
Ignacio Palmer, en una imagen de archivo.
Ignacio Palmer, en una imagen de archivo.

El Partido Popular de Alcoy ha denunciado que el Gobierno local, del PSOE, está concentrando en una única empresa toda la gestión de las pruebas de ADN a perros, una actividad que, según sus cálculos, rebasará los 300.000 euros. Los conservadores consideran que las prácticas del Gobierno son “poco éticas”, por lo que exigirán responsabilidades al alcalde.

El concejal del PP Ignacio Palmer ha explicado que el edil de Medio Ambiente, Jordi Martínez, ha reunido a los veterinarios de Alcoy con en el comercial de la empresa suministradora del software de gestión del censo. Según Palmer, es el mismo comercial del laboratorio de Sevilla que ha suministrado el material necesario para que los veterinarios puedan realizar la prueba del perfil genético.

“Llama la atención que el Ayuntamiento contrate el software de gestión a la misma persona que se va a encargar de hacer el análisis de las heces y al mismo tiempo representante del único laboratorio que sabe exactamente los marcadores necesarios para el análisis y correcto funcionamiento del software contratado”, ha afirmado el PP. Para Palmer es un “despropósito” que el Gobierno dé a entender a los veterinarios que “solo pueden trabajar con ese laboratorio”.

Los conservadores sospechan que la situación es “incompatible”. “Exigiremos responsabilidades políticas al alcalde por una práctica poco ética; no puede ser que la misma persona lo haga todo y el Gobierno lo admita”, ha resaltado Palmer, que también cuestiona que el servicio esté en manos de un laboratorio sin pasar por un concurso público. El software ha costado menos de 1.000 euros, “pero con servicios de laboratorio para conseguir el perfil genético se generará un negocio de más de 300.000 euros”.

El PP también ha criticado la falta de información a los veterinarios y ha arrojado dudas sobre la contratación de la campaña de concienciación que el Gobierno desarrolló en noviembre. “No aparecen las facturas del diseño de la campaña. ¿Quién las ha pagado si era una campaña institucional del Ayuntamiento”, se ha preguntado Palmer.

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