El PP lleva a la Fiscalía las presuntas irregularidades en el catálogo Alcoidemà
Los conservadores piden investigar la posible prevaricación en la edición del material de promoción de los grandes proyectos del Gobierno local
El Partido Popular ha denunciado ante la Fiscalía las presuntas irregularidades en la edición del catálogo del plan Alcoidemà, la propuesta de acción del Gobierno de Alcoy, del PSOE, y que recoge los principales proyectos, desde la reforma de la calle de Entenza hasta la reurbanización de la plaza de al-Azraq pasando por la recuperación de antiguos edificios industriales del casco urbano.
El catálogo, en formato de revista, fue editado por la empresa JS España sin mediar expediente de contratación, según el Partido Popular. Los conservadores, además, advierten de que en el contrato entre la empresa y el Ayuntamiento no consta quien es el responsable municipal que estampa su firma. Guanyar Alcoi ya denunció estas deficiencias y en comisión informativa, según su portavoz, Estefanía Blanes, recibió “el silencio por respuesta”. El PP ha dado un paso más y ha pedido una investigación al Ministerio Fiscal.
La denuncia del PP apunta directamente al alcalde, Antonio Francés. Los conservadores solicitan a la Fiscalía que investigue si los hechos denunciados son constitutivos de un delito de prevaricación, castigado con pena de inhabilitación por un periodo de entre 9 y 15 años.
El catálogo fue editado en 2016. La empresa publicó 2.500 ejemplares, por los que el Ayuntamiento no pagó un solo euro. La financiación corría a cargo de la publicidad que pudiese contratar JS España, con un precio mínimo de 860 euros por anuncio, según consta en el polémico contrato que tiene firma y sello del Ayuntamiento pero sin identificar su autor o su departamento.
La revista contó con 16 anunciantes que, según el PP, reportaron a la empresa unos ingresos mínimos superiores a los 13.000 euros. El coste del material, siempre según el PP, oscila entre los 1.500 y los 2.000 euros. La denuncia ingresó en el registro de la Fiscalía el pasado 29 de junio. El Ministerio Fiscal todavía no ha decidido si la admite o no a trámite.