El Supremo entierra el proyecto del bulevar

El contratista Enrique Ortiz deberá devolver 1.588.722 euros cobrados del Ayuntamiento de Alcoy en concepto de indemnización por la rescisión del contrato para construir el bulevar. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del constructor a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que avalaba la derogación del proyecto impulsado por el anterior Gobierno del Partido Popular, que con este fallo queda definitivamente liquidado.

El alto tribunal no ha admitido a trámite el recurso de Ortiz, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Alcoy. El contratista pretendía revocar la sentencia del TSJ que consideró que la rescisión del contrato estaba justificada por los defectos que presentaba el proyecto. El Gobierno del Partido Popular adjudicó la construcción del bulevar y su futura conservación por un importe de 27 millones de euros. La adjudicación se produjo poco antes de las elecciones de 2011 “y con informes técnicos contrarios”, según el Ayuntamiento.

Tras aquellos comicios, el nuevo Gobierno, formado entonces por el PSOE, Compromís y Esquerra Unida, decidió rescindir el contrato. El contratista recurrió a los tribunales, que en primera instancia fallaron a su favor, condenando al Ayuntamiento a pagar 4,2 millones de indemnización. De esta cantidad, el Ayuntamiento había pagado más de un millón de euros, a los que se añadió la devolución del aval depositado por el promotor para ejecutar el proyecto, de 500.000 euros.

La primera sentencia fue revocada por el TSJ, cuya decisión ha ratificado el Tribunal Supremo. La consecuencia es la devolución de las cantidades cobradas: 1,6 millones de euros. El importe está pendiente de pago pese a que el Gobierno local, del PSOE, anunció en abril del año pasado, tras conocer la sentencia del TSJ, que iba a reclamar su devolución. El Gobierno ha mostrado su satisfacción porque “el bulevar no costará dinero a los alcoyanos”. El Ejecutivo local ha avanzado su intención de retomar el proyecto pero bajo otros parámetros diferentes a los que presentaba la anterior propuesta del PP.