El TC obliga a recalcular las indemnizaciones por la anulación del plan del centro

Una sentencia del Tribunal Constitucional reabre el pago de indemnizaciones por la anulación del plan de reforma del casco antiguo, decretada en 2007. Uno de los propietarios reclama al Ayuntamiento 667.283 euros por la paralización del proyecto. El alto tribunal ha dejado sin efecto la indemnización de 7.390 euros determinada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante. Esta cantidad era la que señalaba el Ayuntamiento como compensación por la anulación del proyecto Vila i Raval Vall, uno de los sectores de la reforma del centro histórico y que ya había comenzado a ejecutarse.

El juzgado de Alicante, en sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia, rechazó las peticiones del demandante, propietario de un edificio en la zona baja del centro. Exigía el pago de 667.000 euros en concepto de daño emergente por el excesivo coste de urbanización y en concepto de lucro cesante por no haber podido rebajar esos costes.

Tras un largo recorrido judicial, el demandante recurrió al Constitucional, que en una sentencia dictada el pasado mes de julio ha anulado todo el proceso judicial y obliga a revisar la indemnización. Entiende el tribunal que han sido vulnerados los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por ley. En el primer caso porque no tuvo oportunidad de rebatir las tesis del Ayuntamiento sobre la valoración de los terrenos y por falta de congruencia en las resoluciones. En el segundo, por un defecto en la composición del tribunal que revisó uno de los recursos.

El litigio vuelve así al juzgado de Alicante, que deberá valorar de nuevo la cantidad con la que el Ayuntamiento debe indemnizar al propietario. Se abre de este modo la posibilidad de que la compensación se acerque a los valores que pide este propietario. La vista está fijada para mediados de octubre. Fuentes municipales señalan que un eventual pago de una nueva indemnización le corresponderá a la comunidad de propietarios de suelo de la zona, de la que forma parte del Ayuntamiento.