El TSJ analiza una querella contra Mayte Parra por corrupción urbanística

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha comenzado a analizar la denuncia que uno de los propietarios de suelo de El Alamí ha presentado contra la ex alcaldesa de Ibi y diputada, Mayte Parra, por presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto urbanístico, que preveía la construcción de 1.000 viviendas. El tribunal debe declararse competente, al tratarse de una causa que afecta a una diputada, antes de admitir a trámite la querella.

La denuncia que ha recibido el TSJ la firma uno de los propietarios de suelo de El Alamí. En la querella, por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas y alteración del precio de las cosas en subasta o concurso, se denuncian irregularidades en la adjudicación del proyecto urbanístico.

La querella alerta del incremento de precio del proyecto presentado por el grupo Generala, que de 12,3 millones pasó a 17,1 millones. A criterio del denunciante, la ex alcaldesa “habría urdido un entramado ilícito, con la complicidad de la empresa, para adjudicar un contrato de obras, incrementando injustificadamente los costes para conseguir apropiarse de una cantidad ingente de dinero, cuya efectiva contabilización no aparece justificada ante el Ayuntamiento”.

El proyecto fue aprobado por junta de gobierno, un órgano que, según el denunciante, no era el competente. Para resolver la cuestión de competencia, el alto tribunal ha reclamado a las Cortes Valencianas que acrediten la condición de aforada de Parra. En febrero, cuando por primera vez el TSJ recibió la denuncia, el tribunal no se declaró competente porque las Cortes Valencianas ya se habían disuelto.

La magistrada Pía Calderón será la encargada de elaborar la ponencia sobre la competencia del tribunal para investigar a Parra y sobre la admisión o no a trámite de la querella.