El TSJ despeja el futuro de la urbanización de El Alamí

El Ayuntamiento de Ibi ha visto despejada la urbanización de El Alamí a través de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La primera ha elevado a 315.807 euros el importe que el Ayuntamiento debe pagar a la promotora, Grupo Generala, por los trabajos ejecutados. La cantidad final queda lejos de los cerca de tres millones que reclamaba la empresa. La segunda sentencia avala la decisión municipal de aceptar al Grupo Generala como agente urbanizador, lo que permite utilizar el aval depositado por la empresa para acabar la obra.

En cuanto a la retasación de las cargas, el Grupo Generala reclamaba 2.702.935 euros en febrero de 2013. El Ayuntamiento solo aceptó 11.952 euros en concepto de prospección arqueológica. La nueva sentencia, de enero de este año, deja la cantidad en 315.807 euros al incluir el soterramiento de la línea de media tensión al centro de transformación de San Miguel. El Ayuntamiento asegura que esta cantidad no se repercutirá a los propietarios.

El segundo fallo judicial desestima el recurso de la empresa contra la revocación de la condición de agente urbanizador del proyecto y la incautación del aval depositado por la empresa, de 2.640.224 euros, para poder finalizar la obra. El Ayuntamiento decidió apartar a la empresa del proyecto por el incumplimiento tanto del convenio urbanístico y el plazo de finalización de la obra. El Gobierno de Ibi, del Partido Popular, recalca que ejecutará el aval para acabar el proyecto.

El concejal de Urbanismo, Santiago Cózar, avanza que el Ayuntamiento permanece a la espera de que la Conselleria de Industria conceda los permisos “para contratar las obras, ya que disponemos de los proyectos de ejecución”. El proyecto urbanístico de El Alamí fue aprobado en 2007. Se extendía sobre una superficie de 320.000 metros cuadrados, en las que estaba prevista la construcción de 1.000 viviendas.