EU se ofrece como altavoz en el conflicto laboral de Mariel

Medio centenar de trabajadores/as de la Panadería Mariel mantienen una huelga indefinida desde el pasado mes de agosto, a consecuencia de los impagos de la empresa ibense. Esta industria panadera, tras más de 20 años de servicio a las localidades de Ibi, Onil, Muro de Alcoy, Castalla, Cocentaina y Alcoy, vendió su legado familiar al grupo empresarial GV. Esquerra Unida, a través de una nota de prensa considera que el Grupo GV es famoso por adquirir empresas y liquidarlas, fomentando en un breve periodo de tiempo un endeudamiento contra  acreedores, proveedores y  empleados, deudas que nunca llegan a pagarse y que provocan tanto un concurso de acreedores como un ERE. Tanto es así que, desde el 2011 existe una plataforma de origen catalán que alerta de la forma de actuar de esta empresa buitre.

Actualmente los trabajadores/as se encuentran en una situación de desamparo legal a la espera de que se concluya el dictamen por parte de la administración pública y la justicia, a quienes además la empresa ha estado obstaculizando al no entregar toda la documentación que se le requirió ni completa ni en plazo. Esto ha desencadenado en que, por ahora, el juzgado ha desestimado la solicitud de la empresa de acogerse a un concurso de acreedores; desde la formación de izquierdas, entienden que lo más seguro es que la empresa recurra esta decisión judicial, lo que provocará que el proceso se dilate aun más en el tiempo, y se mantenga a los y las trabajadoras en esta situación extrema ya para las familias.

Todos los miércoles a las puertas de la industria panadera continúan reivindicando el pago de sus salarios tras más de cinco meses sin cobrar y no desestiman llevar a cabo otras acciones más contundentes. 

Desde la formación de izquierdas han querido dar su apoyo y ofrecerse, como ya lo venían realizando su concejala en el consistorio ibense Noemí García, a colaborar en cualquier actuación que se lleve a cabo a través del sindicato que gestiona el conflicto, y ser el vehículo trasmisor en las instituciones públicas, obligando a que se pronuncie el consistorio ante la grave situación de precariedad que están padeciendo.

La diputada provincial, Raquel Pérez considera que “los anteriores dueños eran conscientes de la transacción que realizaban y son tan responsables como la empresa liquidadora de la actual situación de los trabajadores. Han intentado sacar un rédito económico a costa de las y los empleados, llevándoles a la más absoluta ruina económica y familiar”.