Funcionarios de los juzgados de paz se enfrentan a multas por la huelga de 2010
Al menos seis secretarios están acusados de un delito de denegación de auxilio a la Justicia por negarse a entregar citaciones como protesta ante los impagos del Consell
Los secretarios de los juzgados de paz de la comarca se enfrentan a cuantiosas multas por haber ido a la huelga en 2010 como protesta por impagos de la Generalitat. Durante esa huelga se negaron a tramitar citaciones y notificaciones de los juzgados, lo que ha derivado en al menos 6 procedimientos penales en la comarca.
En 2010 los secretarios de esos juzgados, que son los propios secretarios de los ayuntamientos, cesaron su actividad por los impagos de la Generalitat, que llegó a acumular retrasos de hasta dos años. Una de las afectadas, Carolina Santamaría, explica que por apoyar en las labores judiciales, los secretarios reciben una compensación de 40 euros mensuales. “Es una cantidad muy baja, pero la Generalitat no la pagaba”, apunta.
Santamaría se enfrenta ahora a una multa de más de 2.000 euros por un delito de denegación de auxilio a la Justicia, puesto que dejó de entregar las citaciones y notificaciones que llegaban de los juzgados. El juzgado número 2 de Alcoy trasladó los hechos a la Fiscalía, lo que ha derivado en un procedimiento penal. La vista, en su caso, se celebrará en marzo de 2017.
En la misma situación se encuentran al menos otros cinco secretarios de los juzgados de paz de la comarca. Son los de Gaianes, Almudaina, Benimarfull, Alcosser y Agres. En algunos casos, a la petición de multa por parte de la Fiscalía se añade la de inhabilitación.
Juan Pedro Pelegrín, responsable de Justicia de UGT en la provincia, lamenta que los funcionarios acaben pagando la inacción de la administración. “A quien tiene que perseguir el fiscal es a los responsables de que los trabajadores no cobrasen”, manifiesta. Pelegrín recalca que mientras los secretarios de los juzgados de paz permanecían sin cobrar una mínima gratificación la Generalitat dilapidaba fondos públicos en casos ahora investigados por presunta corrupción.