Guanyar critica que el Gobierno dé por bueno el último trámite para aprobar Alcoinnova

Alcoinnova, el proyecto industrial de La Española en La Canal, se enfrenta al último trámite: la aprobación del estudio de impacto ambiental. Y el Ayuntamiento de Alcoy, según Guanyar Alcoi, no va a presentar alegaciones. Señala la confluencia que el Gobierno local da por bueno ese documento, lo que, a juicio de su concejal, Alexandre Sanfrancisco, es un acercamiento del PSOE a las tesis del Partido Popular y Ciudadanos, claros defensores de la iniciativa de La Española.

San Francisco explica que preguntó en la última comisión informativa si el Gobierno iba a alegar el estudio presentado por la empresa. Quería saber el regidor si el PSOE “iba a defender los intereses de los alcoyanos”. La respuesta del concejal de Territorio, Manuel Gomicia, fue que no, al considerar que los contenciosos presentados por el Ayuntamiento eran suficientes. La contestación es preocupante para San Francisco, puesto que el Gobierno renuncia a revisar “aquellas incorrecciones que pudieran encontrar en el estudio de impacto”.

“No entendemos que el Gobierno desista a alegar las deficiencias medioambientales de este proyecto, ya que el mayor peligro que puede suponer es ambiental”, añade San Francisco.

Su petición, conocida la postura del Gobierno, es clara: pedir que “haga frente” a este proyecto. “Que estudie el documento de forma detenida y que presente alegaciones por aquellas cuestiones que no estén resueltas de forma adecuada, porque este documento es la fase final para aprobar el proyecto urbanizador Alcoinnova”, manifiesta.

San Francisco empieza a dudar de que el PSOE esté en contra de la ubicación elegida por La Española para desarrollar su proyecto. “Si es verdad que está en contra, que lo demuestre y haga todo lo posible para evitar poner en peligro el acuífero de El Molinar y la sostenibilidad de La Canal, por coherencia con su discurso”, afirma.

Guanyar entiende que esta decisión acerca al PSOE a las tesis de Ciudadanos y del Partido Popular, “decantándose a poner en riesgo el acuífero”. “Ya lo advertimos cuando el Gobierno no recurrió el fallo judicial que desestimó la paralización cautelar del proyecto”, apunta Alexandre San Francisco. El concejal todavía muestra su sorpresa al comprobar que, en aquel pleito, la Abogacía de la Generalitat, solicitó que fuese desestimada la paralización.

El concejal de Guanyar teme que se repitan “errores del pasado”, como Serelles o La Rosaleda, proyectos invalidados por la Justicia cuando ya estaban edificados. “Debemos defender el principio de precaución y evitar las políticas de hechos consumados”, concluye el edil.