CASTALLA

La acusación pide dos años y medio de prisión y 18 de inhabilitación para la exedil Magdalena Durà

Tal y como avanzó esta emisora en el mes de enero, la exconcejal de Fiestas de Castalla se enfrentará a un jurado popular en el mes de abril acusada de los delitos de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas en la adjudicación de la feria de San Isidro de 2012 - La Fiscalía no considera los hechos constitutivos de delito

sábado, 16 de febrero de 2019

La acusación, ejercida por el PP de Castalla, que llevará a juicio a la exconcejala de Fiestas de Castalla, Magdalena Durà, por supuestas irregularidades en la feria de San Isidro de 2012, pide para ella una pena dos años de prisión por fraude, ocho meses más por el delito de negociaciones prohibidas y un total de 18 años de inhabilitación especial por el conjunto de los tres delitos, además del de las negociaciones, prevaricación y fraude.

Tal y como les avanzó Radio Alcoy en enero, un jurado popular juzgará a la exedil por la supuesta adjudicación irregular de la Feria que el municipio acoge cada mes de mayo a una empresa de la que ella era administradora única. Para ello, presuntamente, pudo valerse de una sociedad intermedia. El juicio está señalado en la Audiencia Provincial de Alicante entre el 1 y el 4 de abril.

La Fiscalía pide la absolución de Durà

El acusador público considera que, en realidad, no existía ningún vinculo empresarial entre la sociedad administrada por Durá (Corda i Nuc) y la mercantil que se ocupó del montaje y organización de la feria, Cooperativa Yabaltariq. En su escrito de calificación, reseña que la mercantil de la exregidora venía organizando la feria de San Isidro de Castalla en los 18 años precedentes, pero que esa circunstancia no se dio en 2012, por lo que concluye que los hechos no son constitutivos de delito. Con todo, la Fiscalía mantiene que el juicio sí debe celebrarse.

La instrucción del caso se ha visto salpicada por denuncias cruzadas entre la ahora procesada y los representantes del PP. Entre ellas, la que llevó a uno de los concejales que formaba parte del grupo municipal del PP en aquel momento, Esteban Leal, a ser juzgado y condenado en 2018 a un año de prisión por un delito de usurpación de funciones públicas, tras creerse demostrado en un primer momento que se hizo pasar por un funcionario del municipio de El Pinós para obtener información sobre la organización de la feria de Castalla. Tal y como avanzó esta emisora, Leal apeló y la Audiencia Provincial le exculpó en una sentencia conocida este año. Ni Leal ni Durá son ahora concejales.

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