FISCALIDAD

La comarca reclama cambiar o suprimir el Impuesto de Actividades Económicas

La Plataforma por la Reindustrialización eleva a las patronales valenciana y española una propuesta para reducir la presión fiscal a las empresas

martes, 03 de julio de 2018
Representantes de las patronales que forman la Plataforma por la reindustrialización.
Representantes de las patronales que forman la Plataforma por la reindustrialización.

La Plataforma por la Reindustrialización Territorial plantea reformar o suprimir el Impuesto de Actividades Económicas. El colectivo, formado por las asociaciones de empresarios de L’Alcoià, El Comtat, La Foia de Castalla y La Vall d’Albaida, ha elevado la propuesta a la Confederación Empresarial Valenciana para que la traslade a la patronal española. Objetivo: acabar con “las deficiencias” que presenta su regulación.

“El impuesto nació en 1992 en un contexto económico y empresarial distinto al actual y salvo la reforma de 2002 prácticamente no se ha tocado a pesar de haber transcurrido más de 25 años desde su nacimiento y más de 15 años desde su reforma”, señala la plataforma en un comunicado.

Los empresarios proponen variar los parámetros sobre los que se calcula el impuesto. Por ejemplo, grabar por kilovatios consumidos en lugar de por kilovatios instalados. Tampoco comparte la patronal que el impuesto grave la superficie de las empresas. Este factor “penaliza claramente las actividades industriales a pesar de su importancia para el desarrollo económico del país y de ser generadoras de empleo de calidad”.

Los empresarios también rechazan que la liquidación del impuesto no tenga en cuenta la capacidad económica de las empresas y las obligue a tributar pese a presentar pérdidas. Junto a la propuesta de cambios en el IAE, la plataforma ha instado a las administraciones a, “como han hecho empresas y familias”, reduzcan sus deudas y gestionen correctamente los fondos públicos, “con una mejor regulación de los tributos para que no tengan afán recaudatorio dirigido a gastos públicos innecesarios que después tienen que pagar ciudadanos y empresas”.

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