A toro pasado...

LORENA ZAMORANO

Lorena Zamorano es abogada, concejal de Régimen Jurídico y Patrimonio en el Ayuntamiento de Alcoy

No soy dada a los artículos de opinión pero la tinta que ha corrido con la Rosaleda creo merece una reflexión por mi parte.

El principal motivo que me ha hecho escribir esta reflexión han sido algunos argumentos y descalificaciones que se han empleado en estos días  contra técnicos funcionarios del Ayuntamiento de Alcoy, que vaya por delante merecen todo mi reconocimiento y respeto. Las críticas dirigidas al gobierno, esas siempre están bien, son parte del juego democrático, toca y se asume. Va con el sueldo.

Me refiero a las críticas vertidas, algunas de muy mal gusto, utilizada contra trabajadores del Ayuntamiento que nunca han intervenido a nivel público. Su labor en  el asunto de la Rosaleda se ha basado en dar argumentos a favor de un proyecto, que entienden cumple con las directrices marcadas por la sentencia. Por cierto, muchos ciudadanos de Alcoy, entre los que me incluyo, se habrían alegrado de que tuviera el respaldo judicial y que este municipio no tuviera que gastar 1,5 millones. Algunos incluso de entre los que últimamente y por determinados intereses se alzan en firmes defensores y portadores del estandarte ecologista. A buen entendedor y si las paredes hablaran, Compromís tendría mucho que callar.

La posición del gobierno, del PSOE, grupo que ha soportado el peso de la gestión municipal durante toda la legislatura y el que ha tenido que tomar partido en temas muy complejos por las competencias que hemos asumido, siempre ha sido la defensa de los intereses municipales. Con esa directriz hemos intentado poner sentido a todos los conflictos que el PP nos dejó, y no merece aquí la pena extenderme nombrándolos, que ya se conoce.

En el caso de la Rosaleda, hay una sentencia que hay que cumplir mediante la proyección de una nueva obra que cumpla con los estándares legales de accesibilidad y ajardinamiento.

El proyecto que nos encontramos al llegar ha sido modificado en dos ocasiones a partir de resoluciones del TSJ que concretaban determinados aspectos, algunos parterres no cumplían y se eliminaron. Por ejemplo.

El proyecto definitivo que se presentó a principio de año,  cumplía con esos estándares según el criterio de 6 técnicos municipales además del gabinete redactor del proyecto.

A esto hay que añadir que era la opción más económica de remodelación sobre 450.000.-€. Con esas premisas el gobierno lo remitió al TSJ para que verificara la legalidad del proyecto. El juez y no otros es el que interpreta la ley en este y en todo caso.

El que el Ayuntamiento tenga su criterio técnico es bueno y necesario. Por eso sus empleados son funcionarios que cuentan con su régimen especial que les otorga independencia en su trabajo. Eso no gusta a algunos,  al PP, por ejemplo, que como no conseguía lo que quería dentro lo buscaba fuera. Y si eso es reprochable, y lo hemos criticado TODOS, políticos en la oposición, ciudadanos de a pie…todos, ahora no podemos pretender que los argumentos de estos técnicos no tengan el mínimo rigor profesional en este tema.

Y me explico; ¿Que el Tribunal da la razón a la Carrasca? Sí, ¿Pero ese es motivo suficiente para descalificar públicamente el trabajo de unos especialistas en la materia? A mi modo de ver no es de recibo.

No he oído, ni leído crítica alguna hacia el técnico municipal que valoró la expropiación de la ladera del Barranc de Benisaidó y que nos ha costado a todos los alcoyanos más de 1 millón de euros por sentencia judicial. ¿Se equivocó el técnico al valorar las parcelas? Yo creo que no. Aplicó criterios técnicos fundamentados, igual que lo hizo el perito de la otra parte. Pero perdimos a pesar de tener más razón que un Santo. Otro ejemplo de labor técnica municipal es la resolución del contrato del Bulevard para lo cual fue clave el informe de un técnico de la Casa. Técnico, por cierto, integrante de la comisión creada en el asunto de la Rosaleda cuya capacidad ahora se cuestiona. Pues bien, he de recordar que hemos perdido ese asunto en primera instancia, 3’4 millones de euros porque el juez consideró dar credibilidad a la pericial de Ortiz que justificaba facturas de maquinaria pesada que había que indemnizar, por poner un ejemplo. En este caso también ¿Tenía más razón el perito de Ortiz que el técnico municipal? Evidentemente no.

Un inciso para tranquilidad de los lectores: esta sentencia está recurrida en apelación y estamos convencidos de que el TSJ la revocará.

El asunto de la Rosaleda es cierto que no es responsabilidad de la Carrasca, ni de este gobierno, ni mucho menos de los técnicos municipales. El responsable es el PP, de Rafa Miró en primera persona, que autorizó la ejecución de un proyecto ilegal a todas luces, con informes técnicos de la Casa que así lo advertían pero que salvaron “comprándose” otros externos para cubrir expediente y llevarlo a mal puerto.

En mi opinión, y como reflexión que dejo en el aire, creo que no deberíamos satanizar a los técnicos cuando nos vienen torcidas y sacralizarlos cuando nos dan la razón, porque ni son tan malos técnicos los municipales, ni tan buenos técnicos los otros y siempre es fácil criticar a toro pasado…