Contra la tentación del olvido

JAVIER LLOPIS

Javier Llopis es periodista.

Alcoy tiene una asignatura obligada para el día en que acabe la alarma general de coronavirus y vuelva la ansiada normalidad: aclarar qué ha pasado en el geriátrico de Oliver y establecer las responsabilidades por una crisis que ha provocado el fallecimiento de 32 ancianos (por lo menos hasta ayer, día en el que se dejaron de dar datos oficiales). Es una cifra brutal, ya que supone casi la cuarta parte de los ingresados en este centro y un porcentaje muy parecido del total de muertos por la pandemia en toda la provincia.

No podemos sucumbir a la tentación de incluir este drama en la lista general de daños inevitables causados por el coronavirus. No podemos sepultar en el olvido una situación dolorosamente singular, que nos induce a pensar que algo se ha hecho rematadamente mal en un centro de titularidad privada, que cobraba a sus internos sustanciales cantidades de dinero a cambio de ofrecerles una atención digna. El respeto a las víctimas y a sus familias hace obligada la apertura de algún tipo de investigación. No se puede hacer lo mismo que se hizo en su día con los afectados de Ardystil y de la legionela, que a la hora de pedir responsabilidades quedaron abandonados por todas las administraciones públicas ante la carísima e interminable aventura de los juzgados.

Esta triste historia hunde sus raíces en tiempos de mayorías absolutas del PP en la Generalitat, cuando se puso en marcha un proceso de privatización general de la atención geriátrica lleno de zonas oscuras y de sospechas de corrupción. Fue una decisión política de alto calado, que transformó un servicio público en un suculento negocio. La aplicación de criterios de rentabilidad económica a un sector tan sensible convertía al geriátrico de Oliver en el centro de numerosas polémicas, así como de quejas por la falta de medios y de personal.

Sin embargo, hay que recordar que el PP ya lleva cinco años fuera del gobierno autonómico. Si en sanidad el Botànic ha iniciado un complicado proceso de reversión de infraestructuras privatizadas, en lo que respecta a atención geriátrica no se ha dado ni un solo paso. Aunque el origen de los problemas de Oliver está muy claro, conviene tener en cuenta que sobre el actual equipo de Servicios Sociales de la Generalitat recaía la responsabilidad de controlar las condiciones en las que se vive en estos centros.