Alcoy estudia recurrir al Constitucional la sentencia de Serelles

El Ayuntamiento de Alcoy está estudiando presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para eludir el pago de 1,2 millones de euros en concepto de multa y reparación de los daños ambientales provocados en Serelles por la construcción de una urbanización. El Gobierno local, del PSOE, lamenta la repercusión económica de la política urbanística practicada por el PP entre 2000 y 2011, que ha costado 8 millones de euros. La Colla Ecologista La Carrasca, por su parte, ve necesario que el Ayuntamiento exija responsabilidades a los políticos y técnicos que autorizaron el proyecto.

“Si es posible presentar recurso, lo haremos para defender los intereses de Alcoy”, ha afirmado el alcalde, Antonio Francés, tras conocer que el Tribunal Supremo ha ratificado la sanción al Ayuntamiento y a Luxender. El Consistorio ha confirmado que pese a que la resolución obliga a pagar de forma solidaria a la administración y a la empresa, “la multa la tendrá que asumir íntegramente el Ayuntamiento”.

Francés sostiene que las consecuencias económicas de las sentencias judiciales que afectan a proyectos urbanísticos impulsados por el PP ascienden a ocho millones de euros. Una cantidad que, como recuerda el alcalde “podría haberse invertido en proyectos para esta ciudad” y, sin embargo, han ido a parar a pagar la “nefasta política urbanística” del PP.

Críticas de La Carrasca

La Colla Ecologista La Carrasca, a través de un comunicado, se muestra muy crítica con el anterior Gobierno, del PP, que califica de “irresponsable”. Según los conservacionistas, “la situación a la que hemos llegado es consecuencia directa de la negligencia o la mala fe del anterior Gobierno municipal, que puso los intereses de la empresa urbanizadora por delante de los de la ciudad, saltándose abiertamente la legalidad”.

La Carrasca considera “inaceptable” que sea el “pueblo de Alcoy” quien deba asumir el coste de las “ilegalidades cometidas”. Por eso piden “que se exijan responsabilidades económicas personales de los políticos municipales y técnicos que actuaron negligentemente”. Los ecologistas piden, además, que comiencen las obras para restablecer los barrancos y vías pecuarias afectados por la construcción de la urbanización.