El Gobierno alega que contrató a compañeros de Zamorano para abaratar costes

La concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha defendido este miércoles junto al alcalde, Antonio Francés, su gestión en la contratación de abogados del despacho en el que trabaja. Ambos regidores han argumentado que realizaron determinados encargos a estos letrados porque o no cobraban u ofrecían importantes rebajas en sus minutas. “¿Aprovecharse de la amistad de muchos compañeros de profesión tanto de Alcoy como de Alicante y de Valencia para que rebajen sus servicios o que incluso no cobren es ético? Yo creo que eso es gestionar como toca”, ha afirmado Zamorano en la rueda de prensa posterior a la comisión de Régimen Interno.

En esa reunión la concejal ha tratado de aclarar junto al alcalde que la única ocasión en la que el Ayuntamiento contrató un abogado de su despacho fue a través de la rueda de designación de letrados del Colegio de Abogados. El alcalde, Antonio Francés, ha reconocido que la Fundación de Turismo eligió a un compañero de Zamorano como liquidador a petición suya. “Yo hablé con el abogado, que ofreció una rebaja del 50% sobre la tarifa oficial del Colegio de Abogados”, ha señalado Francés. El alcalde y la concejal han aportado documentos para demostrar que no han cometido irregularidad alguna.

El PP, sin embargo, obviando la importante rebaja en la cuota del abogado liquidador de la fundación, ha asegurado que el alcalde ni pidió otras ofertas ni tuvo en cuenta la experiencia profesional del abogado. El portavoz de los conservadores, Fernando Pastor, ha exigido, al menos, una disculpa. “Lo mínimo que podrían hacer es reconocer que no jugaron limpio y pedir disculpas”, ha sostenido Pastor a través de un comunicado.

El PP alerta de que Zamorano contrató a su despacho en 2012 para llevar un caso de reclamaciones a compañías de seguro, aunque el abogado presentó su renuncia en febrero de este año. “Fue una designación directa de Zamorano a favor de uno de sus compañeros de despacho profesional”. La concejal, por su parte, afirma que su compañero no ha cobrado nada y que se trató de un “estudio previo de viabilidad”. Lo cierto es que sí hubo contrato, como atestigua la documentación aportada por la concejal.  Zamorano insiste en que no tiene relación económica alguna con los otros abogados de su despacho. “No soy socia ni tengo participación alguna en los beneficios”, ha manifestado.

Las explicaciones de la concejal y del alcalde no han convencido a Compromís. Los nacionalistas entienden que es “éticamente discutible” que los compañeros de Zamorano reciban encargos del Ayuntamiento. “Que no haya ilegalidades no significa que sea una práctica moralmente aceptable”, ha señalado Abad.