El juzgado rechaza indemnizar a Ortiz por las pérdidas de La Rosaleda

El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante ha desestimado la demanda de la UTE Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras, S.A y Autobuses Playa de San Juan S.A, concesionaria de la explotación del parking de la Rosaleda por la que reclamaba al Ayuntamiento de Alcoy 1.275.441 euros por las pérdidas en el negocio, que atribuía al Consistorio.

El pasado 9 de mayo de 2014 la UTE formada por Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras, s.a y Autobuses Playa de San Juan S.A, concesionaria de la explotación del parking de la Rosaleda solicitó al Ayuntamiento de Alcoy una indemnización en concepto de reequilibrio económico financiero de la concesión por las pérdidas acumuladas durante los años de explotación. La administración desestimó en su día tal petición que con posterioridad la mercantil elevó a demanda contenciosa. El fundamento de su demanda lo basaban en tres motivos; la permisibilidad o tolerancia por parte del Ayuntamiento a la hora de permitir aparcamientos ilegales en la zona, el cambio de los accesos al aparcamiento y la apertura de nuevos aparcamientos públicos.

Todas estas cuestiones fueron rebatidas en la vista por el ingeniero municipal y el jefe de los servicios económicos y finalmente tenidas en cuenta en la sentencia para desestimar la demanda. Además el Juez considera que dado que, en el estudio económico-financiero presentado por la UTE que le sirvió de base para formular su oferta y resultar adjudicatario de la concesión, ya se preveían pérdidas durante los 11 primeros años de explotación, y fueron asumidas por la mercantil. El Juzgado acoge en este sentido la doctrina invocada por el Ayuntamiento, declarando que los licitadores que concurren a la licitación de un contrato público son perfectamente conscientes de las normas y condiciones que rigen el mismo y formulan libremente sus ofertas, asumiendo el riesgo y ventura de lo que pudiera acontecer durante su vigencia.

La concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, destaca que “El Juez considera probado que la falta de mantenimiento de las instalaciones por parte del concesionario, y el hecho de que debido a este deterioro toda una planta permanezca cerrada, es causa directa de la merma de ingresos de la UTE, pero que en ningún caso cabe imputar a la administración local y menos servir de base a la solicitud de reequilibrio económico por parte le la empresa que ha incumplido sus propias obligaciones de mantenimiento”.

Por otra parte, Zamorano recurda: “Una vez más, estamos hablando de una indemnización millonaria en torno al proyecto de la Rosaleda. Desde el Gobierno municipal seguimos trabajando para defender los intereses de la ciudad frente a aquellos que han intentado llevarse dinero a manos llenas”.