El juzgado rechaza los recursos de Ortiz y reanuda la causa por el sobrecoste del Calderón

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcoy, que investiga los delitos de estafa y falsedad documental por el desfase en la obra del teatro Calderón, ha desestimado los recursos presentados por Enrique Ortiz y por el director de la obra, Octavio Raduán, contra la imputación del contratista, la ampliación de importe presuntamente defraudado y la designación de un perito que certifique los sobrecostes. La decisión judicial reanuda la causa, estancada durante un año.

Los dos investigados habían recurrido la ampliación de la querella, acordada en marzo del año pasado, y por la que el sobrecoste a investigar pasaba de 164.302 euros a 1.070.786 por trabajos ya facturados o que excedían el precio razonable del mercado.

Ante la petición de los imputados, resuelve el juzgado que ampliar la cantidad presuntamente estafada no vulnera el derecho de defensa y añade que la naturaleza del proceso penal busca precisamente eso, descubrir el hecho delictivo puesto que en origen no pueden delimitarse todos los extremos de los hechos investigados.

Ortiz también ha visto rechazada su petición de quedar al margen del proceso. El juzgado insiste en que es el representante legal de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, puesto que figuraba como administrador único. Con este recurso pretendía eludir su declaración, que se produjo en marzo de 2016. El juzgado ha resuelto más de un año después. Al recurrir también en apelación, la Audiencia deberá resolver la petición del contratista sobre la ampliacíon de la querella, aunque según fuentes jurídicas tiene escasos de visos de prosperar tras la negativa del juzgado de instancia y de la Fiscalía.

El juzgado ha rechazado, además, el recurso del director de la obra contra la designación de la Taxo para que aporte una nueva peritación de las obras realizadas en el teatro. Pretendía el imputado que el perito fuese designado por el Colegio de Arquitectos de Alicante. El juzgado señala que la empresa designada es la adjudicataria del servicio de peritajes de la Administración de Justicia. Este informe pericial es el que reclamaba el Tribunal de Cuentas en otra investigación paralela. Su ausencia provocó el archivo de la causa, que ahora, un año después, sigue en la vía penal.