“Reformar el actual juzgado es una barbaridad”

Juan José Tortajada, decano del colegio, ha pedido a la Generalitat y al Ayuntamiento de Alcoy que “reconsideren sus posturas” y lleguen a un acuerdo para trasladar las instalaciones judiciales al edificio de la plaza de la Mare de Déu, una operación bloqueada por la falta de acuerdo económico entre ambas administraciones. El decano considera que reformar el actual edificio, como pretende la Generalitat “es una barbaridad”.

Tortajada deja claro que los cuatro juzgados de Alcoy no caben en el actual edificio, por lo que el proyecto que defiende ahora la Conselleria de Justicia no resuelve el problema de espacio. Por eso reclama que las dos administraciones vuelvan a sentarse para dialogar. En su opinión, no trasladar el juzgado y reformar los dos edificios tendrá un coste de en torno a cinco millones de euros: tres millones y medio ya gastados en la Mare de Déu, más el coste de su reforma para adaptarlo a otro uso y el valor de la rehabilitación del inmueble de la plaza de al-Azraq. “Esto parece una cabalgata en la que se tira, en lugar de confeti, dinero”, afirma.

El decano del colegio entiende que la reforma del actual Palacio de Justicia va a provocar problemas sea cual sea la decisión que tome la conselleria, ya sea instalar barracones o desarrollar las obras con la actividad judicial en marcha.

Obras en 2015

La Conselleria de Justicia, por su parte, ha retrasado a 2015 el inicio de las obras de rehabilitación de los juzgados. Según la documentación que la Generalitat ha remitido a la Inspección de Trabajo, que desde enero de 2013 pide el cierre del juzgado, la intención es licitar y adjudicar el proyecto durante el último trimestre del año. Los trabajos, dice la conselleria, comenzarán el próximo año.

La Inspección de Trabajo ha requerido a la Generalitat que mientras gestiona este proyecto ponga en marcha las medidas de seguridad que no admitan demora. Sobre la reforma integral, insta a la Conselleria de Justicia a que el proyecto sea consultado por los trabajadores, que deben emitir un informe para determinar si la reforma es la idónea y cumple con las condiciones laborales marcadas por la legislación.