Ibi abre expediente para declarar 'lesivo' el convenio con Santa Lucía
El pleno aprueba por unanimidad la propuesta del PSOE, que abre la puerta a exigir responsabilidades a los concejales y técnicos que avalaron el proyecto - El acuerdo con la promotora supone una cesión de suelo valorado en 3,3 millones
El Ayuntamiento de Ibi ha aprobado la apertura de un expediente para declarar “lesivo” el convenio con la promotora del proyecto urbanístico del cerro de Santa Lucía. El PSOE considera que el acuerdo alcanzado en el pleno del lunes es un primer paso para que, en caso de que el Ayuntamiento sea condenado a indemnizar a la empresa, el municipio pueda exigir responsabilidades patrimoniales a los concejales y técnicos que avalaron el proyecto.
Todos los grupos apoyaron el lunes en el pleno la propuesta del PSOE para que el Ayuntamiento inicie un expediente que declare lesivo el convenio, aprobado el pasado mes de abril. El acuerdo establece que el Ayuntamiento expropia a la empresa los terrenos de Santa Lucía, donde no puede construir las 80 viviendas previstas, a cambio de otorgarle parcelas municipales por valor de 3,3 millones de euros. Con este convenio, el Ayuntamiento pretende evitar una posible indemnización de 9 millones, que es lo que reclama la promotora en el contencioso judicial que mantiene contra el Consistorio.
La apertura del expediente aprobada el lunes debe derivar, según la portavoz socialista, Susana Hidalgo, en una reclamación de responsabilidades entre los concejales y técnicos que avalaron el proyecto. “En caso de que el Ayuntamiento sea condenado a pagar, que eso está por ver, hay que pedir que lo paguen de su bolsillo quienes sacaron adelante este proyecto”, afirma.
Hidalgo insiste en que tanto la ex alcaldesa Mayte Parra como el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera, cometieron errores de gestión de forma intencionada. “Lo hicieron mal para que la empresa pudiese demandar al Ayuntamiento”, sostiene la portavoz socialista.
En el pleno del lunes, el PSOE apoyó la propuesta del PP para pedir a la Generalitat Valenciana que el contrato de arrendamiento para pagar el Palacio de Justicia no anule el acuerdo inicial por el que el Gobierno valenciano se comprometía a pagar la construcción del edificio. “Con este añadido tenemos garantías de pago”, afirma Hidalgo.